Gobernación de Cundinamarca advierte que hay contradicción normativa tras cierre de plantas de beneficio animal

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La Secretaría de Agricultura departamental, como vocera de la Gobernación de Cundinamarca, hace un llamado al Gobierno Nacional para que se amplíe el plazo de cumplimiento de la norma y así los municipios puedan tener en cuenta lo establecido en Decreto 1500 de 2000. Esto, por considerar que existe una contradicción normativa frente a los cierres de plantas de beneficio animal, debido a que la medida sanitaria, que tiene como consecuencia clausurar los servicios de una planta por el no cumplimiento de los requisitos establecidos en la citada norma, propicia el sacrificio clandestino, además, de difícil control sanitario y policivo.

“Es momento que desde la escala nacional, en el marco de la comisión intersectorial de medidas sanitarias, se construya un plan de acción conjunto con el departamento y los municipios y se cuente con el apoyo de la institucionalidad y no de su represión. Aún cuando después de varios años no se logra dar cumplimiento a los requisitos técnicos, sanitarios, ambientales y jurídicos establecidos en la norma, no es por falta de la voluntad política y administrativa, sino por un asunto de índole presupuestal, dado que con esta regulación se impuso una carga de recursos adicionales a varios municipios del país, que en la mayoría de los casos son quienes administran las plantas de beneficio animal, sin considerar una estrategia o mecanismo que les permitiera aumentar sus presupuestos para responder a esta nueva obligación. Si bien existen líneas de crédito por parte de Finagro, muchos gobiernos locales, por capacidad de endeudamiento, no pueden acceder a esta opción”, explica Erika Sabogal

Es importante señalar que una planta de beneficio animal de autoconsumo, que cumpla con los estándares del Decreto puede tener un valor superior a los 5 mil millones de pesos, recursos con los que difícilmente cuenta un municipio de quinta o sexta categoría en el departamento. De igual forma, en estos territorios la inversión privada no es la opción para la operación de las plantas, debido a la baja demanda del servicio.

También es importante precisar que en relación con la categoría nacional, la inversión puede superar los 20 mil millones de pesos, valores altamente significativos que requieren de una debida planeación presupuestal y de un trabajo articulado de todas las entidades relacionadas con la materia.

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Si bien el Decreto 1500 busca que las plantas mejoren sus procesos, principalmente en lo relacionado con la cadena de frío para evitar la comercialización de la carne en caliente, que afecta la salud humana, claramente el cierre de las plantas que no logren el cumplimento de la normatividad en el presente año, no es una medida que atienda el objetivo de la norma; por el contrario, se genera un problema mayor, toda vez que el escenario de sacrificios clandestinos y, popularmente conocidos como sacrificios en potrero, aumentará, y el control para evitar que esta carne y sus derivados se comercialicen es muy complejo, escenario que, abiertamente pone en riesgo la salud humana.

Estos son los problemas económicos y sociales tras el cierre de las plantas de beneficio animal

– Aumento en el precio de la carne, el cual se calcula entre 800 y 5.000 pesos en libra, afectando directamente la economía del consumidor final.

– Incremento del abigeato (robo de ganado) al no existir control en el sacrificio.

– Mayor desempleo directo e indirecto.

Sumado a lo anterior, es importante mencionar que, con posterioridad a la expedición del Decreto 1500, han sido varios los cambios normativos principalmente en materia ambiental, que han generado trámites adicionales con los que deben cumplir los administradores de las plantas, los cuales, sin duda alguna, demandan un tiempo adicional. Ejemplo: la sentencia del río Bogotá, que pone en situación especial a los municipios ubicados en la cuenca baja, media y alta, circunstancias que deberían considerarse para revisar cronogramas y plazos del cumplimiento de la normatividad sanitaria, pues si bien una planta puede tener viabilidad provisional en materia sanitaria por parte de Invima, no cuenta con el permiso de vertimientos por parte de la autoridad ambiental; y, de no existir un trabajo articulado entre las entidades estatales será muy difícil la articulación de trámites y por ende de cumplimiento de la normatividad.

“La propuesta desde Cundinamarca es realizar, de manera inmediata y conjunta, un análisis en relación con las plantas existentes, ya que cada escenario es distinto. Es claro que contamos con plantas de beneficio animal que no han cumplido el total de los requisitos de la normatividad, pero sabemos que están y continuarán trabajando para cumplirlo y es el mejor lugar con el que contamos para el sacrificio de animales. El cerrar estas plantas genera un espacio para un sacrificio clandestino sin ninguna medida de índole sanitario y en las peores condiciones, generando un problema gravísimo de salud pública, porque una medida sanitaria, no debería generar un problema sanitario”, señaló Sabogal Castro.

La Funcionaria también precisó que la propuesta debe vincular a los ministerios de Agricultura, Transporte, Ambiente, Comercio, Salud y al DNP, entidades que hacen parte de la comisión intersectorial de medidas sanitarias y fitosanitarias, para que de esta manera se analice la situación por la cual atraviesa el país y se emita un nuevo decreto para ampliar el plazo respectivo y/o considerar los requisitos técnicos exigidos a los municipios de categorías quinta y sexta.

Ante este panorama, el Gobierno Departamental y los diferentes municipios afectados con la medida, están en completa disposición política y administrativa para trabajar de la mano con las entidades nacionales con el fin de concertar un plazo adicional para el cumplimiento de la normatividad y de esta manera evitar que en los siguientes meses el Invima continúe con los cierres de las plantas de beneficio animal.