La Procuraduría General de la Nación abrió investigación en contra de Guillermo Varela Romero, alcalde municipal de Chía, Cundinamarca, y cuatro funcionarios de la Administración, por presuntas irregularidades en el trámite del leasing realizado entre el municipio y Bancolombia, para el funcionamiento de la planta de tratamiento PTAR CHIA I.
Se trata de Rafael Antonio Ballesteros y Enrique Cabrera Marín, en sus condiciones de secretarios de Obras Públicas, y Luis Hernán Vargas Forero y Elena Patricia Aldana Torres, como secretarios de Hacienda del municipio.
La Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal investiga si existió una presunta violación al principio de anualidad presupuestal, ya que se pactó el contrato de leasing con ejecución de 84 meses, un periodo de gracia de 12 meses y una periodicidad de pago trimestral.
Con lo anterior se habría podido afectar el presupuesto municipal, el cual debe realizarse teniendo en cuenta que los bienes adquiridos o los servicios contratados deben ejecutarse dentro de la vigencia fiscal en que fue firmado el compromiso, pudiendo excepcionalmente adquirirse compromisos cuya ejecución rebase la respectiva vigencia, solo previa aprobación de vigencias futuras ordinarias.
