La Procuraduría General de la Nación realizó el llamado a cinco gobernadores y 18 alcaldes a adelantar las acciones necesarias para garantizar la oportuna gestión de los recursos del Fondo de Mitigación y Emergencias (FOME).
Esto con el fin de que se logré la implementación de los planes de alternancia requeridos para el retorno gradual, progresivo y seguro de los niños, niñas y adolescentes a la presencialidad en las instituciones educativas públicas del país.
El Ministerio Público ha advertido demoras en la incorporación de recursos que deben usarse en el plan de alternancia para las instituciones educativas en el país por parte de los departamentos de Boyacá, Nariño, Amazonas y Magdalena, y de los municipios de Turbo, Enviado y Apartadó (Antioquia); Sogamoso, Tunja y Duitama (Boyacá); Facatativá, Funza y Chía (Cundinamarca); Jamundí y Buenaventura (Valle del Cauca), Manizales (Caldas), Yopal (Casanare), Quibdó (Chocó), Neiva (Huila), Santa Marta (Magdalena), Ipiales (Nariño) y Cúcuta (Norte de Santander).
A estas entidades territoriales se les ha enviado un requerimiento Certificadas, el órgano de control solicitó informar las razones por las cuales no se han incorporado los recursos destinados a la Financiación de los Planes de Alternancia 2020 – 2021, pese a que fueron asignados por Ministerio de Educación Nacional desde el pasado mes de diciembre.
El Órgano de Control fue enfático en su comunicado mencionando qué continuará adelantando estricta vigilancia a la garantía del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes del país y al retorno gradual, progresivo y seguro de los estudiantes a las instituciones educativas a partir del esquema de alternancia.
