Actualmente más de 16.684 bienes están ocupados ilegalmente sin acciones efectivas para recuperarlos
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) enfrenta una demanda admitida por el Tribunal de Cundinamarca, impulsada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe). A esta se le acusa de negligencia en la recuperación de bienes ocupados ilegalmente y de mala gestión de contratos de arrendamiento, lo cual impacta el patrimonio público.
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La FEDe destacó que la SAE dispone de un presupuesto de $12.000.000 millones y personal suficiente para esta labor, pero cuestiona su uso ineficaz. Para los demandantes, la falta de medidas administrativas y judiciales para recuperar estos bienes refleja negligencia, permitiendo que particulares se beneficien de recursos públicos sin control.
Un ejemplo crítico es la Hacienda Santa Helena, en Caucasia, antigua propiedad de un narcotraficante. Según el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, esta invasión sienta un mal precedente, pues la misma SAE ordenó “desistir” del proceso de recuperación, debilitando la confianza en el Estado de Derecho.
Otro problema señalado es la deficiente administración de los contratos de arrendamiento, lo cual ha generado una disminución del recaudo y aumentado la cartera de difícil cobro. Además, las auditorías de la Contraloría han identificado irregularidades en la administración del Fondo FRISCO.
En resumen y con esta demanda, la FEDe busca que estos activos, cruciales para la reparación de víctimas de actividades ilegales, sean gestionados con mayor eficiencia y transparencia, honrando su propósito social.
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