El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, volvió a encender el debate nacional tras revelar públicamente una carta que envió en julio de 2025 al Departamento de Estado de Estados Unidos, el FBI y la DEA. En el documento, el mandatario local advierte sobre lo que calificó como una “situación crítica de seguridad y criminalidad transnacional”, derivada del polémico “tarimazo” en el que el presidente Gustavo Petro subió a cabecillas de estructuras criminales en un evento por la paz urbana.
La misiva se refiere al acto del 21 de junio, cuando, en el marco del encuentro “Un pacto por La Paz Urbana de Medellín”, nueve jefes de bandas que operan en la capital antioqueña y el Valle de Aburrá fueron exhibidos en tarima como “voceros de paz”. Entre ellos estaban Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, y Freyner Alfonso Ramírez García, alias Pesebre, ambos incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU.
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“Estos delincuentes tienen condenas en firme por crímenes atroces, como homicidios, narcotráfico, desaparición forzada, secuestro y extorsión. Fue un acto que revictimizó a cientos de familias que han sufrido sus delitos”, sostuvo Gutiérrez, quien agregó que los cabecillas salieron de la cárcel de Itagüí sin la autorización de un juez.
No solo fue a Petro
El alcalde también señaló a la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, como la persona que habría gestionado la salida de los criminales. La congresista, en su momento, defendió la decisión asegurando que se trataba de “voceros reconocidos” en el proceso de paz urbana con el Gobierno.
La carta incluyó además denuncias sobre presuntas filtraciones en investigaciones de la Fiscalía que frustraron capturas contra otros cabecillas, como alias Yordi y Daniel Muñoz Olaya, hijo de alias Douglas.
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