Un plan de protección ambiental diseñado para salvaguardar 581.000 hectáreas de humedales, acuíferos y bosques estratégicos en la Sabana enfrenta suspensión judicial. Pese a que la iniciativa contó con participación comunitaria en 43 mesas de trabajo, el Tribunal Administrativo ordenó paralizarla.
El proyecto incluía delimitaciones ambientales que afectarían decisiones sobre uso del suelo para actividades urbanas, agrícolas y otros proyectos inmobiliarios. Pertenecía al esfuerzo por regular el crecimiento poblacional acelerado y para proteger los ecosistemas que abastecen agua, estabilizan suelos y conservan biodiversidad.
El Ministerio de Ambiente interpuso una acción de tutela para exigir que se respete el espíritu de la participación ciudadana y se reconozca la labor de comunidades y organizaciones locales en la formulación de esos lineamientos ambientales. El gobernador también reiteró su compromiso con la concertación, para que cualquier determinación que afecte el ambiente y ordenamiento territorial cuente con participación de autoridades municipales y sociedad civil.
