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Recluso terminó gravemente quemado en Cundinamarca

Una denuncia conocida hoy puso bajo la lupa a la Policía del municipio de Chocontá, en Cundinamarca, tras un grave hecho ocurrido dentro de una estación policial. Manuel Sebastián Guerra, un hombre de 32 años, permanece internado en una unidad de cuidados intensivos en un centro médico de Bogotá luego de sufrir quemaduras de tercer grado mientras permanecía detenido en una celda.

De acuerdo con la versión entregada por la Policía, los uniformados detuvieron a Guerra después de que interviniera en una riña registrada en el municipio el pasado primero de enero. Según esa explicación, los agentes trasladaron al joven a la estación para adelantar el procedimiento correspondiente. Sin embargo, la familia del afectado cuestionó esa versión y denunció múltiples inconsistencias en el relato oficial.

Los familiares aseguran que Manuel Sebastián ingresó a la estación en buen estado de salud y que horas después salió con lesiones de extrema gravedad. También manifestaron que las autoridades no ofrecieron información clara ni oportuna sobre lo ocurrido dentro de la celda. Para ellos, las quemaduras que presenta el joven no coinciden con un accidente común y exigen una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos.

Actualmente, el estado de salud de Guerra genera preocupación entre sus allegados. El personal médico mantiene al paciente bajo estricta observación debido a la gravedad de las lesiones y al riesgo de complicaciones asociadas a las quemaduras de tercer grado.

Ante la denuncia, la Policía de Cundinamarca emitió un comunicado en el que informó la apertura de una investigación preliminar. La institución indicó que busca establecer con precisión qué sucedió al interior de la estación de policía y determinar si algún uniformado incurrió en responsabilidades disciplinarias o penales.

La familia de Manuel Sebastián Guerra solicitó acompañamiento de los entes de control y pidió garantías de transparencia durante el proceso investigativo. Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos anunciaron seguimiento al caso, al considerar que los hechos revisten especial gravedad y afectan la confianza ciudadana en las autoridades.

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