Las autoridades departamentales solicitaron la intervención de la Superintendencia de Transporte ante el incremento en las tarifas del transporte intermunicipal en Cundinamarca. Una situación que ha generado inconformidad entre los usuarios por el impacto directo en su economía.
Desde la administración departamental aclararon que ni las gobernaciones ni las alcaldías tienen competencia para fijar los precios de los pasajes. La normatividad vigente establece un esquema de libertad tarifaria que permite a las empresas de transporte definir los valores.
No obstante, las autoridades advirtieron que estos estudios deben detallar de manera clara la canasta de costos que asumen las empresas para operar, como combustible, mantenimiento, salarios, peajes y otros gastos asociados. Con base en esa información, las compañías determinan las tarifas que cobran a los usuarios.
Ante las recientes alzas, el Gobierno departamental solicitó a la Superintendencia de Transporte verificar si las empresas cuentan con los estudios técnicos exigidos por la norma y si estos cumplen con los requisitos legales. Según lo manifestado, las autoridades no encontraron dichos documentos publicados ni disponibles para consulta pública, una situación que genera dudas sobre la transparencia del proceso.
Hemos solicitado la intervención de la Superintendencia de Transporte frente al incremento en las tarifas del transporte intermunicipal en Cundinamarca.
— Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) January 14, 2026
Es importante aclarar que ni las gobernaciones ni las alcaldías somos competentes para fijar estos precios, pues se rigen por… pic.twitter.com/d2C3cD67ef
La petición busca que el ente de control evalúe la legalidad de los incrementos. Además, las autoridades insistieron en la necesidad de proteger a los usuarios, quienes dependen del transporte intermunicipal para movilizarse diariamente. Cundinamarca
Finalmente, hicieron un llamado a las empresas de transporte para que actúen con responsabilidad y transparencia, y recordaron que el cumplimiento de la normatividad resulta clave para mantener la confianza ciudadana y evitar mayores afectaciones en la movilidad y el bolsillo de los cundinamarqueses.
