En el marco de los dispositivos del Plan Democracia, las autoridades definieron el despliegue de la Fuerza Pública para garantizar la cobertura total de los puestos de votación en los 116 municipios del departamento. Un total de 3.168 uniformados custodiarán 684 puestos: 437 ubicados en zonas urbanas y cabeceras municipales, 232 en corregimientos, inspecciones de policía y áreas rurales, 11 en centros carcelarios y 4 correspondientes al censo electoral. El Ejército Nacional apoyará la vigilancia en sectores rurales.
Durante la jornada de coordinación, las entidades analizaron el comportamiento delictivo y revisaron las capacidades operativas y judiciales dispuestas para el proceso electoral. La Fiscalía Seccional presentó el despliegue de fiscales e investigadores del CTI, quienes atenderán denuncias y actuarán frente a hechos que puedan alterar el orden público o afectar el derecho al voto.
Los organismos de inteligencia entregaron recomendaciones preventivas para anticipar posibles hechos violentos, mientras la Procuraduría General de la Nación socializó la campaña Paz Electoral, que promueve conductas democráticas y busca reducir la polarización.
En materia de seguridad, el departamento reportó una disminución en lesiones personales gracias al trabajo articulado con la Policía Nacional. Aunque aumentaron las denuncias por delitos sexuales, las autoridades atribuyen esta variación a una mayor oferta institucional y a un mejor acceso a la justicia.
El balance territorial muestra reducciones significativas en muertes violentas en Facatativá y Zipaquirá. En Soacha, pese a un incremento en el periodo evaluado, el municipio redujo en 50 % los homicidios durante el primer mes del año, al pasar de 11 a 6 casos.
Las autoridades priorizan la intervención en Soacha, Chía y Mosquera, municipios que concentran cerca del 70 % de la carga criminal. Además, fortalecen el mapeo de estructuras organizadas y actualizan el cartel de los más buscados para afectar su accionar.
