Con el propósito de escuchar, verificar y documentar la situación de derechos humanos de cerca de 600 niños, niñas y adolescentes de la Institución Educativa Departamental Sabio Mutis, sede La Mesa, la Defensoría del Pueblo lideró mesas de trabajo técnicas con la comunidad educativa y autoridades competentes.
Según la información recopilada, una aparente emisión de gases tóxicos y olores provenientes de una infraestructura de la empresa Vanti, ubicada frente al plantel, habría generado afectaciones en la salud y el bienestar de los menores, comprometiendo su derecho a recibir educación en un entorno seguro.
Actualmente, la institución funciona en su sede antigua tras esfuerzos de adecuación. Sin embargo, debido al espacio reducido, se implementó un plan de rotación que impide la asistencia diaria de todos los cursos para evitar el hacinamiento, lo que ha impactado la dinámica académica.
Durante las jornadas de diálogo, estudiantes, docentes y padres de familia manifestaron preocupación, incertidumbre y temor frente al posible riesgo ambiental. En respuesta, la Defensoría sostuvo reuniones con la Alcaldía, la Gobernación, la CAR y el Hospital de La Mesa para revisar los diagnósticos realizados y evaluar las medidas de prevención adoptadas.
La entidad también informó que la acción de tutela interpuesta ya fue seleccionada para revisión por la Corte Constitucional, que adelanta la práctica de pruebas desde el pasado 31 de octubre.
La Defensoría reiteró que la protección de la vida, la salud y la educación de los menores es una obligación prioritaria del Estado, más aún cuando se trata de una población con especial protección constitucional, y anunció que continuará entregando información actualizada al alto tribunal sobre este caso.
