Colombia volvió a poner sobre la mesa la disputa marítima con Nicaragua por las aguas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El presidente Abelardo de la Espriella anunció que buscará un acuerdo con Managua para resolver las diferencias, aunque dejó claro que el país no está dispuesto a ceder territorio marítimo.
La controversia se reactivó tras las declaraciones del mandatario durante una visita al archipiélago, donde defendió la soberanía colombiana y anunció que firmaría un decreto para establecer nuevos límites fronterizos en el Caribe, sin precisar todavía su alcance.
Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, sostuvo que el fallo de 2012 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no debería aplicarse de manera literal. Esa decisión reconoció la soberanía de Colombia sobre las islas, pero concedió a Nicaragua una extensa zona marítima de aproximadamente 72.000 kilómetros cuadrados.
La nueva propuesta del Gobierno plantea retomar el argumento de las líneas de base archipelágicas, una interpretación jurídica que busca considerar las islas y los cayos como un conjunto territorial para delimitar sus espacios marítimos. Según Lara, Colombia no habría defendido suficientemente esta posición durante los litigios internacionales.
Sin embargo, la iniciativa ha generado cuestionamientos entre especialistas en derecho internacional. Walter Arévalo Ramírez, presidente de la Academia Colombiana de Derecho Internacional, advirtió que modificar la delimitación en los términos propuestos podría contradecir la sentencia de 2012. Además, explicó que la normativa internacional contempla las líneas de base archipelágicas para Estados archipelágicos y no necesariamente para países continentales con islas.
Aunque el Gobierno colombiano busca abrir una nueva etapa en la discusión, el panorama diplomático presenta dificultades. Las tensiones entre ambos países y los anuncios relacionados con las relaciones diplomáticas podrían complicar las posibilidades de alcanzar un acuerdo.
Por ahora, la propuesta no representa una recuperación efectiva de territorio marítimo. Su viabilidad dependerá de los argumentos jurídicos, las decisiones que adopte el Gobierno y las eventuales negociaciones con Nicaragua.
El debate vuelve a poner en el centro la soberanía sobre el Caribe colombiano y el futuro de las relaciones entre Bogotá y Managua
