El Tribunal Administrativo de Cundinamarca emite una nueva sentencia y ordena a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Alcaldía Local de Santa Fe recuperar el espacio público en San Victorino. La decisión surge después de revisar la apelación de varias entidades distritales y de la Policía Metropolitana, que cuestionan el alcance del fallo de primera instancia. El Tribunal concluye que en la zona persiste una ocupación masiva y progresiva que afecta la movilidad, la seguridad y el uso adecuado de las áreas destinadas al tránsito y al disfrute colectivo.
El despacho recuerda que los alcaldes tienen la responsabilidad de proteger y recuperar el espacio público, tal como lo establece la Constitución y normas como el Decreto Ley 1421 de 1993. Aunque las autoridades adelantan operativos, campañas de sensibilización y mesas de trabajo, el Tribunal afirma que esas acciones no igualan la magnitud del fenómeno. Las fotografías y registros que hacen parte del proceso muestran ventas informales sobre andenes, accesos bloqueados a comercios y ocupación irregular de zonas peatonales, por lo que el Tribunal destaca la gravedad del deterioro y la falta de resultados efectivos.
La sentencia ordena a la Alcaldía Local de Santa Fe, al DADEP y al IPES implementar en un plazo de dos meses un sistema que identifique a los beneficiarios de programas de apoyo. Con esa información, las entidades deben crear alternativas reales, eficientes y sostenibles de trabajo formal para los vendedores estacionarios, semiestacionarios y ambulantes que ocupan las calles del sector. El Tribunal también exige una intervención integral en un periodo máximo de un año, bajo el procedimiento del Decreto Distrital 098 de 2004.
El fallo reitera que la recuperación del espacio público debe respetar los lineamientos de la Corte Constitucional, especialmente la sentencia C-211 de 2017, que exige opciones de reubicación y formalización antes de cualquier intervención. Las entidades deben coordinarse y diseñar políticas claras que superen los operativos ocasionales y garanticen equilibrio entre el orden urbano y las necesidades económicas de los vendedores informales.
