Luego de un arduo trabajo de investigación, en colaboración con el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación capturó a presuntos testaferros de las desmovilizadas FARC y logró la extinción del derecho de dominio sobre bienes en 23 municipios, en el centro del país.
Luego de varios meses de investigación y de un exhaustivo trabajo de campo para el que fue fundamental la colaboración del Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación logró dos certeros golpes contra testaferros de la antigua guerrilla de las FARC: la detención de tres de los cuatro hermanos Mora Urrea, y la extinción del derecho de dominio sobre los bienes de la familia Chaux González, presuntos testaferros de alias el Negro Acacio.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre bienes cuyo valor es cercano a los seiscientos cincuenta mil millones de pesos ($650.000.000.000), entre los que se cuentan una cadena de supermercados populares y casas de recreo en los llanos colombianos, semovientes y sociedades comerciales en 23 municipios de seis departamentos colombianos.
Los supermercados de la guerrilla
Gracias a los testimonios de desmovilizados de la antigua guerrilla de las FARC, la Fiscalía General de la Nación adelantó una investigación que permitió identificar una red de testaferros de dicha organización, que remonta sus orígenes a la antigua zona de distensión del Caguán.
En el centro de esta red se identificó a los propietarios de la cadena de Supermercados SUPERCUNDI, MERKANDREA Y MERCAFUSA, que suman 60 locales comerciales en Bogotá, Cundinamarca (Chía, Cota, Fusagasugá, Facatativá, Girardot, La Calera, Madrid, Mosquera, Silvania, Soacha, Tibacuy, Tocainía y Villeta), Tolima (Espinal, Lérida, Melgar y Saldaña) y Quindío (Armenia y Calarcá).
Los hermanos NORBERTO, LUIS ALIRIO, URIEL Y EDNA YANETH MORA URREA, se habrían prestado para fungir como dueños de estos supermercados que, en los años noventa, eran propiedad de un empresario cundinamarqués que fue víctima de secuestro, además de aparecer como propietarios de otras sociedades que llamaron la atención por su rápido e inexplicable crecimiento económico.
Los testimonios recogidos en la investigación, permiten remontar la relación de esta familia con la entonces organización insurgente a épocas anteriores a la zona de distensión del Caguán. De hecho, la señora María Ana Bertilda Urrea de Mora, madre de los dueños de los supermercados, fue reconocida como amiga cercana de alias el Mono Jojoy.
Las evidencias dan cuenta de que NORBERTO MORA URREA y su hermano LUIS ALIRIO MORA URREA, frecuentaban los campamentos de los frentes 51,53 y 55, y de la compañía móvil Abelardo Romero de las FARC. Asimismo, LUIS ALIRIO MORA URREA habría estado encargado de entregar a la guerrilla la información necesaria para identificar personas que pudieran ser víctimas de secuestro extorsivo en el centro del país.
Los supermercados, que habrían servido como red de abastecimiento para la insurgencia, al tiempo que servían como fachada para el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, se caracterizaban por presentar productos con precios muy por debajo del valor comercial al que eran ofrecidos por el comercio legal.
Por citar algunos ejemplos, dos bolsas grandes de jabón de loza eran ofrecidas en $9.800, mientras que en grandes superficies cuesta $10.390 la unidad. Un kilo de lulo era vendido a $1.900 pesos, mientras que en el comercio se consigue alrededor de los $4.000. En algunos casos los precios llegaban incluso a ser inferiores a los pagados a los fabricantes, al punto de ofrecer morrales a $44.000, cuando su valor real, en la tienda de línea, es de $74.900. En consecuencia, el eslogan comercial de sus firmas era #SomosLosAmosDelAhorro.
Estas circunstancias, contrastan con el inexplicable crecimiento económico que tuvieron estas personas entre los años 2006 y 2016, pasando de tener 1.500’000.000 a cerca de 30.000’000.000, en una década.
Por estos hechos, fueron capturados en Bogotá los hermanos NORBERTO MORA URREA, URIEL MORA URREA Y EDNA YANETH MORA URREA, a quienes se les imputarán los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.
De manera conjunta con las anteriores capturas, la Fiscalía General de la Nación ocupó y adoptó medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre los mencionados supermercados, además de otras sociedades y establecimientos de comercio que en su conjunto superarían los $627.000’000.000. En total se afectaron con fines de extinción al derecho de dominio 5 sociedades, 60 establecimientos de comercio, 70 cuentas bancarias, 7 casalotes, 4 predios rurales, 29 lotes urbanos, 15 apartamentos, 3 casas, 7 locales comerciales y 27 vehículos.
Los hermanos Mora Urrea serán presentados en las próximas horas ante un Juez de control de garantías de la ciudad de Bogotá.
El ‘Negro Acacio’ en cuerpo ajeno
A pesar de haber sido abatido en septiembre de 2007, los bienes de ‘el Negro Acacio’, quien delinquía especialmente en el oriente colombiano, seguían sin haber podido ser identificados e incautados por parte de las autoridades colombianas. Luego de una larga investigación, los bienes de este cabecilla fueron objeto de extinción del derecho de dominio.
En este caso, la Fiscalía General de la Nación identificó al ciudadano colombo brasilero JOSÉ HUGO CHAUX CUÉLLAR, su esposa, LUZ STELLA GONZÁLEZ CUÉLLAR, y el hijo de ambos, JOSÉ HUGO CHAUX GONZÁLEZ, como los propietarios de varios bienes obtenidos con dinero presuntamente entregado por el mencionado jefe guerrillero.
Dentro de los bienes afectados con fines de extinción se encuentran inmuebles ubicados en Bogotá, el departamento del Meta (Villavicencio, Puerto López y Puerto Gaitán) y Guaviare (San José del Guaviare), destacándose una casa de recreo avaluada en cerca de cinco mil millones de pesos ($5.000’000.000). Asimismo, fueron afectados vehículos, establecimientos de comercio, varias cabezas de ganado bovino y equino. Sus caballos eran campeones de ferias equinas nacionales.
La totalidad de los bienes afectados tiene un valor aproximado de quince mil millones de pesos ($15.000.000.000), los cuales habrían sido fruto además del presunto tráfico de estupefacientes que José Hugo Chaux Cuéllar mantenía con la entonces guerrilla de las FARC.
