El prolongado cierre de la Vía al Llano no solo representa un problema de movilidad, sino que se ha convertido en una emergencia económica y social para miles de familias en Cundinamarca, Meta y la Orinoquía. Comerciantes y transportadores denuncian que los costos de operación se han duplicado debido al uso de rutas alternas, lo que encarece los precios de los productos y golpea directamente al bolsillo de los consumidores.
En los municipios de Cáqueza, Chipaque y Guayabetal, pequeños negocios que viven de la dinámica del tránsito reportan que sus ventas se han desplomado en más del 70%. A esto se suma la crisis del turismo en Villavicencio, donde hoteles y restaurantes registran cancelaciones masivas.
Frente a la situación, varios gremios han solicitado al Gobierno declarar la calamidad pública y asignar recursos de emergencia para acelerar las obras. Sin embargo, las autoridades aseguran que el presupuesto disponible no alcanza y que será necesario priorizar recursos en el Plan Nacional de Infraestructura.
Mientras tanto, la ciudadanía continúa enfrentando largas horas de viaje y sobrecostos, lo que genera descontento y protestas en distintos puntos de la región. Analistas advierten que, de no solucionarse pronto, el cierre de la vía podría convertirse en uno de los mayores golpes económicos de los últimos años para el centro y oriente del país.
