El Gobierno Nacional levantó este martes la suspensión general que desde 2015 restringía el porte de armas de fuego en Colombia. La decisión quedó establecida mediante el Decreto 1368 de 2026, firmado por el presidente Abelardo de la Espriella.
La medida permite que las personas que cuentan con permisos vigentes puedan volver a portar sus armas, siempre que cumplan las condiciones y requisitos establecidos por la legislación colombiana. El Gobierno aclaró que la decisión no significa un porte indiscriminado ni elimina los controles existentes.
De acuerdo con la información conocida sobre el decreto, la medida no cobija a quienes tengan permisos vencidos, suspendidos, cancelados o revocados, ni a personas que cuenten con inhabilidades judiciales o administrativas. Los requisitos para acceder legalmente al porte también se mantienen.
Entre las condiciones se encuentran las verificaciones de antecedentes y los procedimientos establecidos ante el Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE). La normativa también contempla requisitos relacionados con evaluaciones y documentación.
El Gobierno defiende la decisión como una medida orientada a fortalecer el derecho a la legítima defensa y sostiene que busca diferenciar entre quienes cumplen la ley y quienes utilizan armas de manera ilegal.
Sin embargo, la decisión ya genera debate. Mientras sectores cercanos al Gobierno respaldan el levantamiento de la suspensión, críticos advierten sobre los posibles riesgos de una mayor circulación de armas legales y cuestionan el impacto que podría tener sobre la seguridad ciudadana.
Así, el Decreto 1368 abre una nueva discusión nacional sobre seguridad, legítima defensa y control de armas, mientras las autoridades deberán garantizar que quienes ejerzan el porte cumplan estrictamente con las condiciones establecidas.
