El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó la solicitud presentada por el exmagistrado Alejandro Linares, quien actuó como apoderado de un comerciante que cuestionó el aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno nacional.
Linares solicitó una medida provisional para suspender la aplicación del decreto expedido el 29 de diciembre de 2025. Mediante el cual el Ejecutivo fijó un incremento promedio del 23,7% del salario mínimo mensual legal vigente y del auxilio de transporte. En su acción de tutela, el exmagistrado sostuvo que el Gobierno desconoció normas constitucionales y legales al establecer el nuevo salario sin criterios técnicos claros.
Según el argumento presentado, el incremento afectaría de manera directa a las microempresas, pequeños negocios, comerciantes personas naturales y trabajadores informales. Además, Linares señaló que el Gobierno omitió la concertación tradicional entre el Ejecutivo, los empresarios y los sindicatos, y que incluso habría invadido competencias del Congreso. La tutela también advirtió sobre una posible doble contabilización y pago del auxilio de transporte. Petro
Sin embargo, el despacho judicial concluyó que no se cumplían las exigencias legales para decretar la medida provisional. En su decisión, el juzgado afirmó que durante el término legal para fallar no se evidenciaba un daño grave que requiriera una intervención inmediata.
Tras conocerse la decisión, el presidente Gustavo Petro defendió el aumento del salario mínimo. Además, lo relacionó con el desarrollo productivo del país y el bienestar de las familias. A través de su cuenta de X, el mandatario destacó la confianza internacional en la política económica del Gobierno y mencionó la obtención de un crédito por 5.000 millones de dólares.
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