Provincias como Almeidas, Alto Magdalena y Tequendama redujeron significativamente su inversión, a pesar de los riesgos asociados
La Contraloría de Cundinamarca presentó un informe preliminar que expone una alarmante disminución en la inversión destinada a la protección del agua y los recursos ambientales. En 2023, solo el 2.06 % del presupuesto se asignó a temas ambientales, una leve mejora respecto al 1.47 % de 2022, pero aún lejos del mínimo recomendado del 3 %.
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El acceso al agua potable es otro desafío crítico. Solo el 59.78 % de la población cuenta con agua de calidad. Municipios rurales como Bituima, Yacopí y Silvania están entre los más afectados, mientras que Anapoima, Machetá y Apulo presentan los peores índices en zonas urbanas.
En alcantarillado, la provincia de Rionegro registra la menor cobertura, y localidades como Sopó, Chía y Facatativá enfrentan serios problemas en el tratamiento de vertimientos.
El cumplimiento de la sentencia para la recuperación del río Bogotá también muestra avances limitados. Aunque se han invertido más de 205 mil millones de pesos, menos de la mitad de los 18 municipios responsables han mejorado significativamente el tratamiento de aguas residuales. Los más rezagados son Chía, Cajicá y Nemocón.
La Contraloría hizo un llamado urgente a priorizar la sostenibilidad y el cumplimiento de las obligaciones legales en la protección ambiental. En diciembre, se publicará un informe final que detallará la situación ambiental de cada municipio.
La gestión ambiental sigue siendo una tarea pendiente en Cundinamarca, con desafíos que requieren acciones inmediatas para garantizar un futuro sostenible.
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