La iniciativa del Ministerio de Justicia y del Derecho permitirá agilizar cerca de 400.000 procesos al año.
El Presidente de la República sancionó la Ley 1826 del 12 de enero de 2017, “Por medio de la cual se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura del acusador privado”, una apuesta del Ministerio de Justicia y del Derecho, en cabeza del doctor Jorge Eduardo Londoño Ulloa, para agilizar los procesos y permitir una justicia célere en los casos en que la investigación es menos compleja.
“Se busca resolver en menos tiempo los delitos llamados ‘menores’, no porque sean menos importantes sino porque su investigación es menos compleja”, afirmó el titular de la cartera de Justicia, quien agradeció el reconocimiento hecho por el Presidente de la República y lo calificó como un logro alcanzado por el Ministerio dentro de las metas propuestas para el año anterior.
La nueva normativa permitirá que las víctimas puedan hacer parte de procesos relacionados con delitos menores de manera más activa, investigando y acusando a través de sus abogados. Así se reducen los tiempos procesales y se llega a una sentencia con mayor rapidez.
El Ministro Londoño aseguró que con esta ley se busca construir una verdadera política criminal, para que el Estado y los ciudadanos puedan contar con alternativas que les permitan acercarse más a la justicia. De este modo, en menos de seis meses podrán resolverse delitos querellables tales como lesiones personales, injuria, calumnia, abuso de confianza y estafa.
“Lo que se pretende es pasar de cinco audiencias que se realizan en la actualidad (imputación, acusación, preparatoria, juicio oral y lectura del fallo) a solo dos: una concentrada, en la que se descubrirán y solicitarán las pruebas; y un juicio oral, en el que se adelantaría la práctica de pruebas y se decidiría sobre la culpabilidad o inocencia del procesado”, explicó el jefe de la cartera de Justicia.
Este proyecto reduce en un 50% el tiempo de los procesos de juzgamiento y contempla la figura del acusador privado, el cual solo actuaría a solicitud de la víctima, siempre y cuando esté aprobado por la Fiscalía General de la Nación.
El Ministro Londoño concluyó señalando que el interés de su cartera y del Gobierno Nacional es el de garantizar justicia eficiente y célere, y esta nueva ley permitirá aportar a ese propósito.
