No habría riesgo probado para que los cabildantes tengan una especia de protección especial.
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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admite una acción popular interpuesta por el abogado Camilo Araque Blanco, quien pidió la eliminación de los esquemas de seguridad asignados a los 45 concejales que están en Bogotá. Según el demandante, no existe evidencia suficiente que justifique que los cabildantes se encuentran en riesgo al desempeñar sus funciones.
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El tribunal, en su documento de admisión, señaló que la demanda se centra en la manera en que se realizan los estudios de seguridad que justifican la asignación de estos esquemas, los cuales involucran recursos públicos y podrían estar vulnerando el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público.
La ponencia de este caso quedó en manos del magistrado César Giovanny Chaparro Rincón, quien deberá determinar si los argumentos que presentó el abogado Araque Blanco son suficientes para avanzar con la acción o si esta debe desestimar.
La demanda hace referencia al convenio 240467, que permite la asignación de 36 esquemas de seguridad al cabildo distrital, con un costo anual estimado de 8.800 millones de pesos para el Distrito. El demandante argumenta que estos esquemas podrían afectar la independencia de los concejales en su labor de control político.
Este caso, de la acción del tribunal, ha generado controversia, especialmente en el contexto de recientes debates sobre los esquemas de seguridad asignados a funcionarios públicos en Bogotá, en este caso concejales.
