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CAR frena vertimientos ilegales de residuos avícolas

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) actúa en ejercicio de su autoridad ambiental y ordena la suspensión inmediata de los vertimientos directos al suelo generados por el sacrificio de aves que realizaban tres empresas en el municipio de Granada. La medida preventiva se adopta tras varias denuncias ciudadanas que alertan sobre afectaciones ambientales en la zona.

La directora regional Sumapaz de la CAR, Érika Álvarez, confirma que la entidad hace efectiva la medida en cuatro predios donde se desarrollan actividades de beneficio animal. Según explica, estas operaciones generan impactos negativos sobre los recursos suelo y agua, situación que motiva la intervención inmediata de la autoridad ambiental.

Profesionales de la Dirección Regional Sumapaz realizan seguimiento constante al caso, luego de recibir quejas de la comunidad por malos olores persistentes y la aparición de vectores, lo que incrementa los riesgos para la salud pública y el entorno natural. Durante la más reciente visita técnica, el equipo evidencia vertimientos directos de aguas residuales sobre el suelo y detecta signos claros de saturación del terreno por la disposición inadecuada de estos residuos.

En el procedimiento, el personal encargado informa que las aguas residuales supuestamente ingresan a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la empresa avícola y luego descargan a la red de alcantarillado municipal. Sin embargo, la CAR confirma que la conexión de esta planta permanece suspendida desde 2024, lo que genera incertidumbre sobre la disposición final real de los residuos líquidos.

Con la medida preventiva, la CAR ordena detener de inmediato los vertimientos derivados del beneficio animal. La entidad advierte que cualquier incumplimiento acarrea sanciones administrativas y consecuencias penales. Además, anuncia que realizará seguimiento permanente al caso y que su Dirección Jurídica Ambiental evaluará la presentación de una denuncia por daño ambiental ante la Fiscalía General de la Nación, con el fin de proteger los recursos naturales y garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental.

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