La Fiscalía imputó a una pareja señalada de participar en una agresión contra simpatizantes del candidato presidencial Abelardo de la Espriella durante un acto de proselitismo político en Chía, Cundinamarca. El caso generó amplia atención luego de que varios videos del altercado circularan en redes sociales.
Los hechos ocurrieron el 13 de junio en inmediaciones del centro comercial Centro Chía, donde un grupo de seguidores del candidato realizaba consignas desde un puente peatonal. Según las autoridades, en medio de la confrontación se registraron agresiones verbales y físicas que dejaron a una persona lesionada.
Fiscalía imputó cargos a los procesados
La Fiscalía identificó a los procesados como Viviana Paola Chaparro y Jorge Luis Sierra Rodríguez. De acuerdo con la información conocida, Chaparro se presentó voluntariamente ante el ente investigador después de salir del lugar hacia Zipaquirá, mientras que Sierra Rodríguez fue capturado en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional.
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Durante la audiencia de legalización de captura, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata de Zipaquirá les imputó los delitos de constreñimiento al sufragante y lesiones personales agravadas. Sin embargo, los procesados no aceptaron los cargos.
Ataque ocurrió durante actividad política en Chía
El ente acusador indicó que el ataque se produjo en medio de un acto de intolerancia relacionado con una actividad electoral. Según las evidencias citadas por la Fiscalía, los señalados habrían lanzado improperios contra los participantes y, posteriormente, habrían usado un arma cortopunzante y una cadena contra un adulto mayor de 66 años.
Además, los videos difundidos en redes muestran momentos de alta tensión durante la confrontación. En las imágenes se observa a una mujer exigiendo que soltaran a su acompañante, mientras se registraba una agresión con arma blanca contra una de las personas presentes.
Tras la diligencia judicial, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en lugar de residencia contra los dos procesados. Por ahora, el proceso penal continúa mientras las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y en la definición de responsabilidades.
El caso volvió a abrir el debate sobre la intolerancia política en Colombia, especialmente en medio de la campaña electoral. Las autoridades insistieron en la necesidad de rechazar cualquier forma de violencia durante actividades de participación ciudadana.
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