Esto advierte una alerta sobre la disminución de reservas de gas y petróleo en Colombia.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó una acción popular (demanda) presentada por la Fundación para el Estado de Derecho, la cual alerta sobre un posible riesgo para la seguridad del índole energético de Colombia en materia de gas y petróleo. La acción fue remitida a la Sección Primera del Tribunal, donde el magistrado Óscar Dimaté será el encargado de evaluar el caso.
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Esto se presentó tras conocerse informes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) que revelaron una disminución preocupante en las reservas de gas y petróleo para 2023. Según la Fundación, «las reservas probadas de petróleo pasaron de 7,5 a 7,1 años, mientras que las de gas cayeron de 7,2 a 6,1 años», lo que genera un panorama incierto para el futuro energético del país.
A pesar de que la ANH propuso medidas como la creación de un comité interinstitucional y la reconversión de infraestructura, la Fundación sostiene que estas acciones no se han implementado adecuadamente. El Tribunal deberá determinar si las autoridades nacionales han fallado en desarrollar un plan efectivo para aumentar las reservas.
Además, el magistrado analizará la decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro de no suscribir nuevos contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos, decisión que, según la Fundación, carece de respaldo técnico y financiero.
Finalmente, la acción popular busca proteger principios como la estabilidad macroeconómica, la creación de políticas a largo plazo, y los derechos colectivos relacionados con el manejo racional de los recursos naturales y la eficiencia en la prestación de servicios públicos. De esa manera, un Tribunal de Cundinamarca revisará un demanda por riesgo energético.
