Un fallo en primera instancia del Tribunal de Cundinamarca podría acelerar el proceso para la ejecución de la política Pública Nacional de Protección y Bienestar de Animales Domésticos y Silvestres.
El plazo que tenía el Gobierno Nacional para la expedición de esta ley se cumplió el 29 de noviembre de 2019, lo que evidencia un retraso de 22 meses. A raíz de esto y de la importancia a nivel nacional de contar con una ley de esta índole, el Tribunal dio un plazo de tres meses para que las entidades encargadas elaboren esta política.
Esta decisión se da gracias a que la concejal animalista Andrea Padilla interpuso el 22 de octubre de 2020 una acción de cumplimiento contra los ministerios de Ambiente, de Salud, de Agricultura, del Interior, el Departamento Nacional de Planeación y demás entidades responsables de emitir la ley, que ordena el desarrollo de acciones en beneficio de los animales silvestres y domésticos, incluyendo los que son explotados para consumo humano.
Las entidades involucradas en el proceso impugnaron la sentencia y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca solicitó que se declarara la nulidad por una presunta notificación indebida. Ante esto, el Tribunal debe remitir el expediente al Consejo de Estado, que será el encargado de dirimir la controversia.
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“Es desconcertante que las entidades accionadas impugnaran para seguir postergando su deber legal, a sabiendas de que han incumplido, en vez de aceptar su responsabilidad y expedir la política en el tiempo ordenado. Sin embargo, confiamos en que el Consejo de Estado confirme la decisión del Tribunal en primera instancia, para que este año Colombia cuente con una política de protección animal en el país”, mencionó la concejal Padilla.
¡Hay esperanza! ? ¡La política pública nacional de protección y bienestar animal podría salir este año! Interpusimos acción de cumplimiento y el TAC nos dio la razón en fallo de primera instancia. Apenas, para el #DíaMundialDeLosAnimales #WorldAnimalDay pic.twitter.com/tw0Ximu4pW
— Andrea Padilla Villarraga (@andreanimalidad) October 4, 2021
De acuerdo con la cabildante, el hecho de que el Tribunal haya dado la razón en primera instancia ya es una obligación para que el Gobierno cumpla. Y, de no hacerlo en un tiempo corto, se espera que el Consejo de Estado reitere la obligación en segunda instancia. Padilla también instauró una segunda acción de cumplimiento para que se expida la política de reglamentación para el transporte humanitario de animales para consumo.
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